Las estimaciones a junio apuntan a que el número de pacientes con patologías GES a la espera de recibir sus prestaciones superará los 45 mil. Desde esta base, Inostroza proyecta que a fines de este año la lista de espera AUGE habrá 180 mil pacientes retrasados las cuales se extienden en toda la línea Y las expectativas son aún peores para el resto de la atenciones del sistema, ya que se prevé que habrá del orden de 3,3 millones de personas en listas de espera por demanda de especialidades hacia diciembre -lo cual equivalente a duplicar la cifra que había en marzo mientras que la estimación general del cuello de botella en materia de cirugías postergadas se empina a niveles de 380 mil intervenciones, 130 mil de ellas no GES. “La consecuencia de esto es el aumento de los decesos por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y patologías crónicas”, advierte Sánchez. “Aquí hay un problema, porque estos pacientes concentran las patologías más delicadas y que al final se traducen en mortalidad. De hecho, lo que se está observando en el indicador de muertes por exceso -se usa a nivel mundial para ver cuál es el impacto real que tienen las pandemias-, es que Chile tiene una cantidad muy elevada y esa situación hace que en definitiva la gente esté muriendo no solo por Covid”, explica.
Para hacer frente a estos desafíos, Alejandra Palma hace hincapié en aumentar la eficiencia hospitalaria, acorde al persistente aumento de los gastos en salud derivado del cambio en el perfil demográfico y epidemiológico de la población chilena. “Por ejemplo, los adultos mayores gastan entre seis y ocho veces más en salud que una persona joven. Para hacer frente a este desafío es indispensable aumentar la eficiencia hospitalaria del sistema nacional y modernizar a Fonasa ya que atiende al 80% de los chilenos”, indica.
A partir de las lecciones de la pandemia, Sánchez concluye que la actual estructura de la salud chilena develó con más fuerza sus insuficiencias: “Aquí ni el sistema público ni el privado han sido capaces de absorber toda la demanda GES, no GES y Covid. Incluso en este contexto el sistema no ha mostrado estar a la altura de la detección y trazabilidad del virus”. En ese sentido, el experto enfatiza en la necesidad de volcar el modelo de atención hacia la prevención con un rol central de la atención primaria.
En este sentido, argumenta que si los recursos y capacidades se concentran para desarrollar una estrategia que permita resolver la mayor parte de las atenciones de forma ambulatoria, existirá un mayor espacio para que el nivel hospitalario se haga cargo de todos los problemas complejos.
Otro aprendizaje producto del coronavirus es la necesidad de cambiar el modelo institucional para enfrentar las pandemias, para lo cual recomienda ampliar el espectro de entidades responsables de la gestión de estas crisis. “Nos parece prioritario fortalecer la institucionalidad de administración de las emergencias. Por ejemplo supuestamente es la Onemi la que dirige las situaciones de crisis y lo que pasa es que hasta ahora no había incorporado o no está en su mandato legal, el manejo de crisis de origen biológico como sería una pandemia”, indica.
De forma paralela se discuten dos reformas en el Congreso para modificar el sistema Fonasa y el de Isapres. En ese sentido, Sánchez apunta que es necesario que exista una transición, para lo cual es clave partir por los puntos donde existe acuerdo.
Desde el Instituto de Salud Pública de la UNAB junto a otras siete universidades, levantaron un estudio que arrojó tres puntos relevantes: a) establecer un plan único de salud para toda la población que no discrimine por edad, sexo o condición fisiológica; b) que el modelo de atención sea primeramente de carácter preventivo y que tenga la capacidad de hacerse cargo de las enfermedades crónicas y catastróficas, tanto naturales como biológicas, y c) reformar el sistema completo de tal manera que el sector público aumente la eficiencia y cambie su gobernanza, y las Isapres se transformen en entidades privadas de la seguridad social. “Las ideas que hemos expuesto en el Congreso han sido bien recibidas, pero no ha habido un acuerdo político para que en definitiva esta transición suceda”, señala.
En relación al riesgo que implica mantener estas decisiones en suspenso, Sánchez advierte que “si seguimos en un ámbito de debate maximalista sencillamente la discusión va a seguir por varios años más, en tanto lo que la gente pedirá es que le resuelvan los problemas, sin que les interese si el sistema es estatal o privado”.
