Durante el verano se estrenó un nuevo capítulo de la crisis de las Isapres. Recordemos que en capítulo anterior, un fallo de la Corte Suprema (CS) ordenó a la Superintendencia de Salud (SIS) elaborar una tabla de factores única para guiar los incrementos de precios de los planes. Además ordenó a las Isapres devolver lo cobrado de manera extraordinaria a los usuarios.

Este nuevo capítulo se inició con una solicitud realizada por la SIS a la CS para que aclarara los alcances de su fallo, en especial lo relativo a la tabla de precios. 

La CS contestó dejando a firme la obligación de las Isapres de regirse por la tabla única y aclaró que las devoluciones de cotizaciones excesivas se calcularán desde que entró en vigencia la Circular IF N°343 de la SIS, es decir, desde el 1 de abril de 2020. La SIS tiene plazo hasta mayo para dar a conocer el mecanismo con el que las Isapres tendrán que ajustar sus planes.

Acto seguido las Isapres expresaron su descontento congelando su participación en la mesa de dálogo que abordaba su propia crisis financiera y alertaron nuevamente de una inminente debacle del sistema.

El Gobierno contestó señalando que las Isapres son responsables de su propia crisis, que el Gobierno está obligado a respetar y dar cumplimiento al fallo de la Suprema y llamó a reunión en el Congreso “para explorar de manera conjunta las alternativas legislativas que permitan la implementación de soluciones en el corto plazo y, de esta forma proteger a las personas que hoy están bajo dicho sistema». Una serie decolumnas publicadas en la prensa reforzaban la idea de la responsabilidad de las Isapres en esta crisis. Los argumentos apuntan a que nunca resolvieron la larga lista de problemas que aquejó al sistema por años, partiendo por la discriminación de pacientes (por ingreso, género, edad y comorbilidades). Tampoco abordaron seriamente un aspecto central de cualquier seguro de salud: la prevención. No quisieron embarcarse en modelos de pago más eficientes, del tipo “pagos por GRD” que buscan compartir riesgos con los prestadores. El resultado es que hoy tenemos una sistema de salud privada ineficiente que se encuentra entre los tres más caros del mundo, y Chile se encuentra entre los tres países de mayor copago de bolsillo para prestaciones de salud de la OECD. En síntesis, nadie puede estar muy orgulloso con estos resultados.  

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, presentó a comienzos de Marzo en  la sede del Congreso los principales puntos de la ley corta que busca contener la crisis de las isapres. Según explicó la secretaria de Estado, la iniciativa consta de tres pilares: la flexibilización del pago de los excedentes, refuerzo a Fonasa y mayores facultades a la Superintendencia de Salud.

En cuanto a la flexibilización de pago, se propone que los excedentes cobrados por las isapres, sean devueltos a los usuarios en un plazo de 24 meses para así cumplir la determinación de la Corte Suprema, lo que cumple con la petición de las Isapres de progresividad en la aplicación del fallo en términos de las tablas de factores, y al mismo tiempo no involucra recursos fiscales en un “salvataje a las Isapres”.

En tanto, el refuerzo a Fonasa se enfocará en implementar un seguro complementario para mejorar la cobertura de quienes eventualmente decidan emigrar del sistema privado al público. Se anticipa que con un 2% o 3% adicionales al 7% obligatorio, los cotizantes de Isapre podrían acceder a planes con prestadores privados equivalentes e incluso mejores que los actuales.
Finalmente, la Superintendencia —en caso de aprobarse la legislación— pasaría a tener mayor facultad de fiscalización y de cursar multas para evitar nuevas situaciones como la que se atraviesa ahora.

La propuesta fue trasversalmente bien recibida, salvo por la Asociación de Isapres que no quedó contenta con la solución propuesta por el Ministerio