El sector salud, sin duda el más afectado de todos por la concentración de impactos sobre su statu quo, tampoco ha sido ajeno a dicho fenómeno. En periodos extremadamente cortos se han tomado y desarrollado decisiones cuya evolución post-pandémica supone la oportunidad de transformar radicalmente aspectos estructurales de un sector con baja inercia de cambio y necesitado de aire como nunca.

Y lo verdaderamente noticiable no es qué se ha hecho de forma distinta, al margen del esfuerzo que ello ha supuesto. Buena parte de las áreas en las que más se ha avanzado venían poblando reflexiones, mesas redondas y documentos de posicionamiento sectoriales años antes de la pandemia, cuando no décadas. Aspectos como la permeabilización de las fronteras hospitalarias, la virtualización de la asistencia, la insuficiencia financiera o el papel fundamental de la evidencia para garantizar decisiones informadas eran ya un lugar común en el sector.

Lo verdaderamente diferencial de nuestro pasado inmediato es la velocidad y la homogeneidad con que dichas decisiones han sido tomadas, procesadas y asimiladas por un sector de movimiento forzosamente lento y con cierta propensión a la asimetría de acción.

De todos esos movimientos de avance creo conveniente destacar uno, por su conexión evidente con la naturaleza de la medicina y, en consecuencia, su potencial de transformación. Me refiero al papel de la evidencia como eje fundacional de un nuevo sistema de salud más resiliente, sostenible y preparado para emergencias futuras.

Al enfrentarnos a la mayor emergencia de salud pública que la humanidad ha abordado durante generaciones, la herramienta más transformadora a nuestra disposición ha sido el poder de la información. Sin ser algo nuevo, la pandemia ha catalizado un aprendizaje fundamental: la evidencia es algo nuclear para una asistencia más eficaz y coste-efectiva, desde la investigación de lo que funciona y lo que no hasta la monitorización de la propia práctica asistencial.

Y no ha bastado sólo con declararlo, como de costumbre; esta vez ha sido necesario ponerlo en práctica con rapidez porque nos iba la vida en ello. Los tiempos que hemos necesitado para generar y acumular nueva evidencia sobre la Covid-19 no resisten comparación histórica, por no hablar de los tiempos de desarrollo invertidos en las distintas vacunas.

Quizás más importante todavía resulta la rapidez con que esas nuevas evidencias han sido puestas en práctica en la cama asistencial. Sin duda, algo radical comparado con los 17 años que en promedio se venía aceptando que tardaba una evidencia en investigación en generalizarse en práctica clínica diaria.

En un entorno de incertidumbre globalizada, enfrentándonos desde cero a un problema desconocido, la generación y diseminación de evidencia han marcado la diferencia. En buena parte, ello ha sido posible por el grado de desarrollo tecnológico y el caudal de datos actualmente disponible en nuestros sistemas de salud, y aquí es justo reconocer la buena salud que España ostenta en esa área comparado con nuestro entorno europeo inmediato.

Por otro lado, esa factibilidad tecnológica convive con una sociedad en general abierta al uso de los datos de salud de manera agregada y anonimizada con el objetivo de desarrollar investigación o mejorar la calidad del sistema. Otra vez aquí, con un 73% de población proclive, destaca nuestro país por encima de comparadores obvios, tal y como se muestra en un estudio reciente publicado por IQVIA.

Conectando los puntos anteriores, algunos gobiernos empiezan a posicionarse claramente en favor de una estrategia de salud basada en el dato. Es el caso del Gobierno británico, con su reciente y significativa declaración Data Saves Lives, en la que aboga por la relevancia de la información como base del sistema de salud, convenientemente tratada, conectada y puesta al servicio de los distintos actores clave del sistema, desde investigadores a personal gestor o asistencial.

El abanico de casos de uso posibilitado por el estado del arte actual es abrumador, como también lo son las experiencias reales que los respaldan. Por un lado, mediante el uso secundario de los datos ya existentes para responder de forma robusta y dinámica un sinfín de hipótesis clave. Por otro lado, incardinando esa nueva evidencia generada en la toma de decisiones clínicas mediante modelos de aceleración diagnóstica y soporte en la decisión clínica de tratamiento.

En nuestras manos está decidir si, como sociedad, aprovechamos los aprendizajes vividos y la oportunidad del momento para insuflar fuelle a un sistema necesitado de impulso. Para empezar, tenemos un reto mayúsculo para el que la información actualmente existente, convenientemente tratada y analizada, podría aportar: salir a buscar proactivamente una parte de los 17 millones de diagnósticos que han dejado de diagnosticarse durante la pandemia y que tarde o temprano aflorarán a las puertas del sistema.